La adjudicación de la gestión de los centros municipales de protección animal de València a una empresa con actividad vinculada al control de plagas ha abierto un debate necesario: ¿estamos protegiendo realmente a los animales abandonados o convirtiendo su abandono en un recurso económico dentro de la contratación pública?
En las últimas semanas, la ciudad de València se ha convertido en el centro de una controversia que interpela directamente al modo en que las administraciones públicas están gestionando sus competencias en materia de protección animal.
El Ayuntamiento de València ha adjudicado la gestión de los centros municipales de protección animal de Benimàmet y Natzaret a la UTE formada por Athisa Medioambiente y Adda Ops, desplazando de la gestión a Modepran, la asociación protectora que durante años había estado vinculada al refugio de Benimàmet.
El debate no se limita a un cambio de entidad gestora. La preocupación aumenta porque, según distintas noticias publicadas, Athisa Medioambiente ha estado vinculada a controversias en otros territorios relacionadas con denuncias, expedientes administrativos, incumplimientos contractuales, rescisión de contratos o deficiencias en la gestión de centros de acogida animal.
Conviene ser rigurosos: una denuncia o un expediente no equivalen necesariamente a una condena firme. Pero cuando hablamos de animales abandonados bajo responsabilidad municipal, este tipo de antecedentes deberían activar una exigencia reforzada de transparencia, control público, trazabilidad y solvencia específica en protección animal.
Lo que preocupa en València no es solo que una asociación protectora deje de gestionar un servicio. Lo que preocupa es la sensación de que los animales abandonados puedan pasar a ser tratados como una unidad económica dentro de un contrato público, sin garantías suficientes sobre su protección, su estado físico y emocional y su destino.
Este caso no debería analizarse como una simple disputa entre una asociación y una empresa. Es un síntoma de un problema más profundo: la protección animal se ha convertido en una obligación municipal, pero todavía no se está tratando como un verdadero sector profesional, técnico, social y laboral.
El abandono animal no puede convertirse en una oportunidad de negocio sin control público, criterios éticos y exigencias técnicas específicas.
Cuando un contrato de gestión de animales abandonados se licita como si fuera un servicio más, sin diferenciar adecuadamente entre recogida, rescate, custodia, atención veterinaria, rehabilitación, socialización, adopción y seguimiento, el riesgo es evidente: el animal deja de ser el centro del servicio y pasa a convertirse en una plaza ocupada, un coste mensual, una entrada administrativa o una salida estadística.
Un animal abandonado no es un residuo urbano ni una incidencia en la vía pública. Es un ser vivo bajo responsabilidad pública, víctima de una conducta humana y dependiente de decisiones administrativas, veterinarias, sociales y comunitarias que determinarán su futuro.
Hablar de capitalización del abandono no significa negar que los servicios públicos tengan costes. Claro que los tienen. Significa advertir que, cuando el abandono se convierte en objeto de mercado sin suficientes garantías, pueden aparecer incentivos perversos: reducir costes, opacar datos, externalizar responsabilidades o priorizar la eficiencia económica frente a la protección real.
La pregunta no debería ser únicamente cuánto cuesta gestionar un centro de protección animal. La pregunta central es qué modelo de protección se está financiando con dinero público.
La Ley 7/2023 reconoce una obligación clara de los ayuntamientos en relación con los animales extraviados y abandonados. Esa obligación no desaparece cuando el servicio se externaliza. La responsabilidad sigue siendo pública.
Cuando un animal entra en un centro de protección animal municipal, la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre con él: cuándo entra, en qué estado se encuentra, qué atención veterinaria recibe, dónde permanece, si pasa a una casa de acogida, si es adoptado, si es trasladado, si fallece o si sale del sistema por cualquier otra vía.
La transparencia no puede ser una opción reputacional. Debe ser una obligación estructural.
En los servicios de protección animal financiados con dinero público debería existir una trazabilidad completa e individualizada de cada animal, desde su ingreso hasta su salida definitiva. No bastan memorias genéricas, cifras agregadas o publicaciones puntuales en redes sociales. Es necesario un sistema verificable, auditable y accesible para la administración titular del servicio.
Sin trazabilidad no hay protección real.
Y sin transparencia no hay confianza ciudadana.
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es que pone de manifiesto una debilidad técnica en muchos pliegos de contratación pública.
Durante años, la gestión de animales abandonados ha descansado sobre una combinación de voluntarismo, sobrecarga asociativa, precariedad laboral, escasa planificación municipal y falta de criterios homogéneos. Ahora, con el aumento de las obligaciones legales, muchos ayuntamientos empiezan a licitar servicios que antes se resolvían mediante convenios, acuerdos o soluciones informales.
El problema es que no siempre saben qué deben exigir.
Si un pliego no define con precisión qué significa proteger, socializar, rehabilitar, evaluar, prevenir sufrimiento, gestionar casas de acogida, coordinar personas colaboradoras o garantizar adopciones responsables, puede acabar ganando quien mejor encaje en la estructura administrativa del contrato, no necesariamente quien mejor garantice la protección animal.
La protección animal no puede depender solo de solvencia económica, experiencia genérica, capacidad logística o precio. Debe exigirse solvencia específica en protección animal.
Gestionar animales abandonados requiere experiencia acreditada en rescate, acogida, adopción, medicina de refugios, protocolos de manejo, estado físico y emocional de los animales, intervención comunitaria, gestión de conflictos, casas de acogida, dirección de centros, coordinación de personas colaboradoras y seguimiento postadopción.
La protección animal no puede quedar subordinada al precio. Debe estar garantizada mediante criterios técnicos, obligaciones contractuales, formación acreditada, trazabilidad individualizada, auditorías, procedimientos escritos y supervisión municipal efectiva.
Este debate tampoco debería resolverse idealizando automáticamente a las asociaciones frente a las empresas.
El sector asociativo ha sostenido durante décadas buena parte del abandono animal en España, muchas veces con una entrega inmensa y con recursos insuficientes. Pero esa labor no puede seguir descansando únicamente sobre el sacrificio emocional de personas voluntarias, casas de acogida saturadas o trabajadoras precarizadas.
Las asociaciones también necesitan profesionalización, transparencia, procedimientos claros, indicadores de resultados, estructura laboral y capacidad técnica.
Del mismo modo, una empresa que aspire a gestionar un servicio público de protección animal no puede hacerlo únicamente desde la lógica de la captura, la recogida, el control, la logística o la sanidad ambiental. Trabajar con animales abandonados exige una cultura profesional específica: una cultura de cuidado, rehabilitación, adopción responsable y protección real.
La cuestión no es si el servicio lo gestiona una asociación, una empresa o una entidad mixta. La cuestión es si el modelo garantiza protección animal.
Y para garantizarla necesitamos reconocer que la protección animal es ya un sector profesional y laboral. Un sector que presta servicios públicos, ejecuta competencias municipales y requiere perfiles cualificados, formación específica, condiciones laborales dignas y reconocimiento institucional.
Detrás de cada animal abandonado hay una historia humana.
Hay una persona que abandona, una familia que no identifica, una administración que debe responder, una ciudadanía que exige protección, personas que rescatan, casas de acogida que sostienen, profesionales veterinarios que atienden, entidades que acompañan y familias adoptantes que ofrecen una segunda oportunidad.
Por eso el abandono animal no es solo un problema animal. Es también un problema social.
Habla de responsabilidad ciudadana, educación, convivencia, conflicto vecinal, salud pública, precariedad, cultura administrativa y capacidad institucional.
Cuando un ayuntamiento no dimensiona correctamente su servicio de recogida y acogida, el impacto no recae solo sobre los animales. Recae también sobre las personas que los rescatan, sobre quienes los cuidan, sobre las entidades que absorben la emergencia, sobre el personal de los centros, sobre las clínicas veterinarias colaboradoras y sobre la confianza de la ciudadanía en la institución.
La protección animal debe abordarse desde criterios de rentabilidad animal y social. Esto no significa renunciar a una gestión eficiente de los recursos públicos. Al contrario: un buen modelo de gestión debe permitir que los recursos económicos sean utilizados de forma más eficaz, planificada y transparente. Pero esa eficiencia nunca puede lograrse reduciendo la protección de los animales, recortando cuidados, disminuyendo personal, ocultando datos o acelerando salidas sin garantías.
La rentabilidad de un servicio municipal de protección animal debe medirse también por sus impactos positivos: mejora del estado físico y emocional de los animales, reducción del tiempo de estancia en los centros, aumento de adopciones responsables, disminución de fallecimientos evitables, mejora de la trazabilidad, satisfacción de las personas adoptantes, de las casas de acogida, de las personas colaboradoras y del personal trabajador, reducción de conflictos sociales y fortalecimiento de la confianza ciudadana.
El caso de València debería servir para abrir un debate técnico serio sobre cómo deben diseñarse los servicios municipales de protección animal.
No basta con licitar un servicio. Antes de hacerlo, cada municipio debería conocer el contexto real de la tenencia de animales y del abandono en su territorio mediante estudios previos, diagnósticos técnicos y planes de viabilidad. Sin esa información, cualquier contrato nace condicionado por la improvisación: instalaciones mal dimensionadas, presupuestos insuficientes, falta de recursos humanos y veterinarios, ausencia de procedimientos claros y una gestión más reactiva que preventiva. Planificar antes de licitar es imprescindible para construir un modelo eficaz, transparente y verdaderamente orientado a la protección animal.
Los contratos públicos de recogida, acogida y adopción deberían exigir formación y capacitación obligatoria a todo el personal que trabaje con animales; solvencia técnica específica en protección animal; trazabilidad individualizada de cada animal; transparencia pública de los datos de gestión; procedimientos escritos y auditables; participación de entidades y ciudadanía; indicadores de rentabilidad animal y social y supervisión municipal efectiva.
Externalizar no puede significar desentenderse.
La administración debe conservar capacidad real de inspección, seguimiento, control documental y corrección inmediata de incumplimientos. Porque los animales que entran en un centro municipal no dejan de ser responsabilidad pública.
La protección animal no puede seguir tratándose como una actividad menor, vocacional o residual. Debe reconocerse como un servicio público especializado, con criterios técnicos propios, perfiles profesionales definidos y una finalidad clara: proteger vidas, reducir sufrimiento y construir confianza social.
España ha cambiado profundamente su relación con los animales.
Cada vez hay más animales de compañía en los hogares, mayor sensibilidad social hacia su sufrimiento y una exigencia ciudadana creciente hacia las administraciones públicas. Los animales ya no son percibidos como elementos accesorios de la vida privada, sino como parte de la convivencia familiar, comunitaria y urbana.
Este cambio social obliga a repensar los servicios públicos.
Los centros de protección animal no pueden seguir funcionando como instalaciones periféricas, invisibles o mal financiadas. Deben ser considerados servicios municipales de especial atención, con planificación, presupuesto suficiente, personal cualificado, supervisión pública, evaluación continua y conexión con políticas de educación, convivencia, adopción, salud pública y responsabilidad ciudadana.
Pero, además, deben socializarse. Un centro de protección animal no debería ser percibido como una instalación cerrada, aislada y alejada del municipio, sino como un espacio abierto a la ciudadanía, donde se conozca la realidad de los animales que han sido abandonados en el propio entorno comunitario y donde se genere reflexión sobre la responsabilidad que tenemos hacia ellos. También debe ser un lugar de esperanza: un espacio de encuentro, participación e interacción con personas colaboradoras, familias adoptantes, casas de acogida y ciudadanía comprometida. Porque cuando un centro se abre a la sociedad, deja de ser el lugar donde termina el abandono y se convierte en el lugar donde puede empezar la reparación.
Cuando la sensibilidad social avanza más rápido que las estructuras administrativas, aparecen los conflictos.
València es un ejemplo claro. La ciudadanía no se moviliza solo porque cambie una adjudicataria. Se moviliza porque percibe que el modelo elegido no representa la protección animal que espera de una ciudad moderna, sensible y responsable.
La gestión de animales abandonados no puede limitarse a retirarlos de la calle.
Recoger no es proteger.
Proteger implica identificar, atender, cuidar, rehabilitar, socializar, buscar una salida responsable, acompañar la adopción, prevenir el retorno al abandono y rendir cuentas ante la ciudadanía.
Por eso, el caso de València debe servirnos para mirar más allá de la polémica inmediata. Lo que está en juego no es solo quién gestiona un refugio. Lo que está en juego es qué modelo de protección animal queremos construir en los municipios españoles.
Podemos optar por un modelo basado en la mínima obligación administrativa o avanzar hacia otro basado en responsabilidad pública, transparencia, profesionalización, sensibilidad social y protección real de los animales.
La sociedad ya ha cambiado.
Ahora deben cambiar las estructuras.
Esther Esquembre
Consultora en Responsabilidad Animal Aplicada
Intervención socioambiental · Gobernanza relacional · Formación · Mediación · Políticas públicas de protección animal
