En España hay registrados 7.562.893 perros, casi la mitad de los más de 15,1 millones de animales de compañía contabilizados oficialmente en 2025. Desde 2021, su número ha aumentado en más de 665.000 individuos. No estamos ante una realidad residual ni ante una cuestión exclusivamente privada: se trata de una transformación social que afecta directamente a la organización y al funcionamiento de nuestros municipios. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Los perros viven en nuestros hogares, pero también recorren diariamente calles, plazas, parques y barrios. Su presencia incide en el uso del espacio público, la limpieza viaria, las zonas verdes, la movilidad, la convivencia vecinal y la prestación de diferentes servicios municipales.
Una ciudad que no incorpora a los animales con los que convive en su diagnóstico y planificación es una ciudad que no está siendo diseñada a partir de su realidad social.
La reciente controversia producida en Elche en torno a las micciones caninas permite analizar las limitaciones de unas políticas públicas que pretenden modificar conductas mediante campañas, prohibiciones y sanciones, pero que no siempre atienden suficientemente al comportamiento del animal, a las condiciones materiales de cumplimiento ni a la responsabilidad de la propia Administración.
El Ayuntamiento de Elche ha desarrollado una campaña para evitar las micciones de perros en aceras, fachadas, mobiliario urbano, parterres y zonas ajardinadas. La información difundida indica que los animales deben orinar en la calzada y que las personas responsables han de verter después un líquido jabonoso para diluir la orina. Los incumplimientos pueden ser sancionados con multas de hasta 750 euros.
El problema que se intenta abordar es real. La acumulación de orina puede deteriorar fachadas y mobiliario, producir olores, afectar a determinados espacios y generar conflictos vecinales. Según los datos divulgados con motivo de la campaña, el servicio de limpieza destina importantes recursos humanos y más de 30 millones de litros de agua al año a tareas de baldeo vinculadas con esta problemática.
Estamos, por tanto, ante una cuestión con repercusiones sociales, económicas y ambientales que no debe minimizarse. Información, Cadena SER
Las personas que conviven con perros tienen obligaciones. Deben recoger las heces, evitar daños, respetar los espacios sensibles y adoptar medidas razonables para reducir el impacto de las micciones.
Pero el reconocimiento de esas obligaciones no puede invisibilizar la responsabilidad institucional.
Antes de prohibir una conducta y sancionar su incumplimiento, la Administración debe estudiar si ofrece alternativas suficientes, si la medida resulta viable y si tiene en cuenta las características del animal cuya conducta pretende ordenar.
La pregunta no puede limitarse a dónde no debe orinar un perro. También debe responderse otra mucho más importante: ¿dónde puede hacerlo de manera segura y compatible con su comportamiento?
El principal problema técnico de la indicación de utilizar exclusivamente la calzada es que parece formulada sin considerar suficientemente la etología canina.
Los perros no orinan únicamente para vaciar la vejiga. La micción también puede cumplir una función comunicativa. Mediante el marcaje olfativo, muchos perros depositan pequeñas cantidades de orina en lugares que concentran información de otros individuos: árboles, alcorques, postes, esquinas, bordes, vegetación y diferentes elementos presentes en sus recorridos.
La importancia del olfato y de las señales químicas en la comunicación canina está ampliamente documentada. La orina puede transmitir información y provocar conductas de investigación y respuesta en otros perros. Marcar determinados objetos o lugares señalizados previamente constituye un comportamiento normal de la especie. Scientific Reports, Universidad de California, Davis
Esto no significa que deba permitirse la micción sobre cualquier superficie. Significa que una política pública eficaz debe conocer la conducta que pretende organizar.
Un perro puede aprender rutinas y ser orientado progresivamente hacia determinados espacios. Sin embargo, no responde como una persona que conoce una norma y decide utilizar un punto exacto con independencia de los estímulos ambientales, su edad, su estado de salud, su experiencia previa o su respuesta emocional.
La norma se dirige a la persona, pero su cumplimiento depende también del comportamiento de otro ser vivo. Esta circunstancia exige diseñar medidas realistas y técnicamente fundamentadas.
Presentar la calzada como solución general también plantea problemas de seguridad y viabilidad.
La proximidad de vehículos, el ruido, las vibraciones, el movimiento y la intensidad de los estímulos pueden provocar inseguridad, miedo o estrés. Algunos perros podrán orinar en esas condiciones; otros no se sentirán suficientemente tranquilos para hacerlo.
La dificultad puede ser especialmente significativa en cachorros, perros ancianos, enfermos, con incontinencia o problemas de movilidad, individuos temerosos o sensibles al ruido y animales que han atravesado experiencias traumáticas.
También deben considerarse las condiciones de la persona que acompaña al perro. Aproximarse a la zona de circulación puede resultar inseguro para personas mayores, con movilidad reducida o con dificultades para controlar físicamente al animal ante determinados estímulos.
Tampoco todas las calles son iguales. No es comparable una vía residencial con tráfico restringido con una avenida de circulación intensa. Convertir una indicación posible en determinados contextos en una obligación general puede provocar dificultades y riesgos que la campaña no parece contemplar.
Una medida destinada a mejorar la limpieza urbana no debería trasladar el problema a un espacio potencialmente inseguro.
Antes de determinar dónde debe orinar un perro, la Administración debe preguntarse si el lugar propuesto es accesible, funcional, seguro y compatible con su comportamiento. Una política que desconoce al animal difícilmente puede construir una convivencia responsable.
Las políticas relacionadas con los animales se desarrollan con frecuencia de manera reactiva. Primero aparecen la suciedad, las quejas o el conflicto vecinal; después se modifican ordenanzas, se refuerzan las sanciones o se promueven campañas de concienciación.
Sin embargo, el problema visible no siempre coincide con el problema público que debe gestionarse.
Las micciones son la manifestación de una realidad más amplia: una población canina numerosa utiliza cotidianamente un espacio urbano que, en muchos casos, no ha sido planificado teniendo en cuenta su presencia.
Una respuesta rigurosa requiere conocer las características del municipio, la distribución territorial de la población canina, los usos del espacio, los recorridos habituales, las zonas especialmente sensibles, las incidencias registradas y los recursos que ya se están destinando a su gestión.
No todos los barrios presentan la misma densidad, configuración urbana o intensidad de uso. Tampoco existe una solución idéntica para todos los municipios.
Por eso, las actuaciones aisladas o uniformes suelen ofrecer resultados limitados. Antes de decidir qué medidas deben implantarse es necesario identificar cómo se produce el problema, dónde se concentra, qué agentes intervienen y qué condiciones pueden favorecer cambios sostenibles.
El paso de la reacción a la planificación comienza con un diagnóstico adecuado.
Si se pretende evitar que los perros orinen en fachadas, portales, monumentos, mobiliario urbano, zonas infantiles o superficies especialmente sensibles, la política municipal debe contemplar alternativas suficientes y viables.
No basta con prohibir determinados usos ni con disponer de uno o dos espacios alejados de los recorridos cotidianos. Tampoco sirve reproducir una misma solución en todos los barrios sin analizar su accesibilidad, utilización real y adecuación al entorno.
La respuesta requiere integrar la realidad canina en el diseño y la gestión de la ciudad. Esto implica estudiar las necesidades territoriales, establecer prioridades y definir soluciones compatibles con el comportamiento animal, la seguridad, la accesibilidad, la sostenibilidad y el mantenimiento urbano.
La forma concreta que adopten estas alternativas debe derivarse de un diagnóstico técnico. Su diseño no puede reducirse a instalar elementos aislados ni a trasladar modelos sin comprobar previamente si responden a las características del municipio.
La convivencia con miles de perros requiere planificación, del mismo modo que se planifican otras infraestructuras vinculadas al uso cotidiano de la ciudad.
No se trata de diseñar el espacio público exclusivamente para ellos ni de situar sus necesidades por encima de las de las personas. Se trata de reconocer una convivencia que ya existe y organizarla de forma equilibrada.
La existencia de alternativas adecuadas no elimina la responsabilidad de las personas que conviven con perros. Planificación urbana y educación ciudadana deben desarrollarse de manera paralela.
Muchos perros pueden aprender a utilizar preferentemente determinados espacios mediante procesos progresivos y respetuosos. Pero ese aprendizaje requiere tiempo, coherencia y expectativas adaptadas a cada individuo.
Las campañas municipales deberían ayudar a comprender qué puede esperarse razonablemente de un perro, cómo orientar su conducta y qué prácticas contribuyen a reducir el impacto sobre el espacio compartido.
Esta dimensión educativa no consiste únicamente en recordar obligaciones o anunciar sanciones. Requiere trasladar conocimientos aplicables y adaptar los mensajes a la diversidad de animales, personas y contextos urbanos.
No obstante, sería contradictorio pedir a la ciudadanía que dirija al perro hacia espacios que no existen, se encuentran demasiado alejados o no resultan funcionales.
La responsabilidad ciudadana necesita condiciones que permitan ejercerla.
La campaña de Elche también permite reflexionar sobre una práctica habitual: representar al perro como si fuera el sujeto responsable de conocer y cumplir la norma.
En numerosas campañas, los animales aparecen hablando, pidiendo disculpas o comprometiéndose a actuar de manera cívica. El recurso puede resultar simpático y atraer inicialmente la atención, pero corre el riesgo de desplazar el foco de la conducta que realmente se pretende modificar.
El perro no conoce la ordenanza, no comprende una multa ni decide qué infraestructuras existen en su barrio. Tampoco es quien lleva el producto destinado a diluir la orina.
La obligación corresponde a la persona. Las condiciones para hacerla viable dependen también de la Administración.
La contradicción es significativa: se humaniza al perro al representarlo como un ciudadano capaz de interpretar normas, pero se desconoce su comportamiento cuando se le exige actuar de una forma que puede resultar incompatible con su seguridad, su aprendizaje o su manera de relacionarse con el entorno.
Una comunicación institucional eficaz debe dirigirse con claridad a quienes pueden actuar. También debe explicar el sentido de las medidas y relacionar las obligaciones ciudadanas con las alternativas disponibles.
Además, la eficacia de una campaña no puede medirse únicamente por su visibilidad, su repercusión mediática o el número de publicaciones realizadas. Debe analizarse si el mensaje ha sido comprendido, si se han producido cambios de conducta y si han disminuido las incidencias y los recursos destinados a afrontar el problema.
Una campaña puede llamar mucho la atención y no generar ningún cambio verificable.
Cuestionar el diseño de esta campaña no significa negar el deterioro producido por las micciones reiteradas ni defender que los perros puedan orinar indiscriminadamente sobre cualquier superficie.
El debate tampoco debería plantearse como una elección entre criminalizar a las personas responsables o permitir cualquier conducta.
La respuesta se encuentra en la corresponsabilidad.
Las personas que conviven con perros deben respetar los espacios comunes, evitar daños y adoptar medidas para reducir el impacto de las micciones.
Las administraciones, por su parte, deben conocer la realidad sobre la que intervienen, proporcionar condiciones razonables de cumplimiento, coordinar sus servicios, comunicar con claridad y evaluar los resultados.
Las sanciones pueden ser necesarias ante determinados incumplimientos. Pero deben formar parte de una política pública coherente. No pueden sustituir al diagnóstico, la planificación, la educación y la provisión de alternativas.
Cuando una Administración exige una conducta sin haber analizado suficientemente si puede cumplirse, desplaza toda la responsabilidad hacia la ciudadanía y deja fuera del debate las condiciones institucionales que contribuyen a producir el problema.
Otro de los problemas habituales consiste en concentrar todo lo relacionado con los animales en una única concejalía.
Sin embargo, la convivencia canina afecta al diseño urbano, la limpieza viaria, el medio ambiente, la movilidad, la seguridad, la participación ciudadana, la educación, la salud pública, los servicios sociales y la protección animal.
No estamos, por tanto, ante una cuestión que pueda resolverse desde un único departamento municipal.
La responsabilidad animal debe incorporarse como un criterio transversal de la acción pública. Esto implica analizar cómo afectan las decisiones municipales a los animales, a las personas que conviven con ellos y al conjunto de la comunidad.
También requiere establecer formas de coordinación capaces de superar la fragmentación administrativa. Cuando cada área interviene desde su propia lógica, sin una visión compartida del problema, pueden producirse mensajes contradictorios, duplicidades o medidas difíciles de aplicar.
La convivencia con los animales no es una política sectorial desconectada del resto de la ciudad. Es una dimensión de la gestión urbana que necesita gobernanza, coordinación y responsabilidad institucional.
Los perros no han aparecido de repente en nuestras ciudades. Lo que ha cambiado es su número, su incorporación a la vida familiar y la relevancia social que ha adquirido la convivencia con ellos.
Sin embargo, muchas administraciones continúan planificando el espacio urbano como si su presencia fuera excepcional y actuando únicamente cuando aparecen suciedad, deterioro o enfrentamientos vecinales.
Una ciudad responsable trabaja de otro modo: analiza su realidad, anticipa los conflictos, incorpora conocimiento sobre los animales, escucha a los agentes implicados y diseña políticas adaptadas a sus características territoriales y sociales.
La convivencia no se construye solamente con prohibiciones. Requiere una combinación coherente de normas viables, planificación, educación, coordinación institucional, participación y evaluación.
Definir esa combinación exige algo más que reproducir campañas o instalar soluciones aisladas. Cada municipio necesita conocer su punto de partida, establecer objetivos y construir una estrategia propia.
Diseñar ciudades desde la responsabilidad animal no significa humanizar a los perros. Significa precisamente lo contrario: reconocerlos como animales, comprender su comportamiento y organizar con rigor una convivencia que ya existe.
Un perro no puede leer una ordenanza ni comprender una campaña. La Administración sí puede incorporar conocimiento técnico, diagnosticar adecuadamente y planificar políticas viables.
Ahí comienza la verdadera responsabilidad institucional.
Esther Esquembre
Socióloga | Consultora en gobernanza relacional y responsabilidad animal aplicada
Diseño e implementación de modelos y políticas integrales con enfoque social, animal y ambiental: coordinación institucional, participación y formación.
